Los ocho miembros del clan de «los Chorizos», de Estepa, entre ellos la matriarca, han sido juzgados este martes, junto a la pareja que les proveía la droga, en la Audiencia de Sevilla por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes gravemente dañosas para la salud, pero un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía ha permitido que todos los encausados del clan se libren de la cárcel, pues las penas impuestas a éstos no superan los dos años y se les ha concedido la suspensión de la ejecución de la condena de privación de libertad.
Los diez se han sentado este martes en el banquillo de los acusados. La Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel para la matriarca, Consuelo J.R., y su pareja, R.I.E.M., así como otros seis componentes del conocido como clan de «los Chorizos», entre ellos hasta cuatro hijos de Consuelo. También ha sido juzgada la hermana de ésta. Además, el Ministerio Público reclamaba cinco años para sus proveedores de droga; una pareja que operaba en Osuna y que responden a las iniciales F.D.J.A. y T.F.F. Precisamente, F.D.J.A. es el único que entrará en prisión, a priori, pues ha sido condenado a tres años de cárcel y la Fiscalía se ha opuesto a la suspensión de la pena. Aunque su defensa la solicitará.
Este caso de tráfico de drogas nació de las «numerosas quejas» que hubo en Estepa después de que el clan de «los Chorizos» regresase a la localidad tras los incidentes de 2014, cuando varios vecinos llegaron a quemar las casas donde vivían los acusados y otros familiares, aunque luego fueron rehabilitadas por la Junta. Con la vuelta del clan, los vecinos acudieron también al Defensor del Pueblo Andaluz porque temían que el barrio se convirtiese de nuevo en escenario del tráfico y consumo de droga.
Varios guardias civiles de Estepa y Osuna empezaron entonces a vigilar el inmueble de la matriarca Consuelo y los de sus hijos y en febrero de 2017 advirtieron «un trasiego abundante de consumidores de estupefacientes» y «una venta constante» de esas sustancias «en la puerta» de las tres viviendas.
Conexión Estepa-Osuna
El 17 de febrero, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa autorizó la intervención de las comunicaciones entre los acusados y los agentes comprobaron que la pauta era «siempre la misma», de modo que S.T.J. y Q.N.J. se desplazaban «de forma diaria» a la barriada de La Paz, en Osuna, donde adquirían la droga a un «único proveedor».
La Guardia Civil también vio que la familia vendía las sustancias en una parcela en el Camino del Jarambel, en Estepa, y, previa autorización del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad, el 15 de marzo entró en la vivienda de Consuelo J.R., que contaba con «medidas de seguridad destinadas a impedir el acceso» policial. Al registrar la casa, los agentes vieron que «junto al dormitorio de los hijos menores» había un «fumadero» en el que hallaron «numerosos recortes de papel aluminio y paquetillas ya consumidas».
La matriarca del clan ingresó en prisión provisional el 16 de marzo de 2017, aunque fue puesta en libertad un mes después, el 17 de abril, mientras que sus proveedores, T.F.F. y F.D.C.A., entraron en la cárcel el 31 de marzo y salieron el 25 de mayo y el 7 de julio, respectivamente.
Reconocen los hechos
Hoy, tras alcanzar un acuerdo de conformidad las defensas y la Fiscalía y después de que los diez acusados hayan reconocido los hechos, el tribunal de la Sección Cuarta ha dictado sentencia oral y declarada firme, por la que condena a la matriarca y su pareja a un año y seis meses de cárcel y una multa de 496 euros por un delito de tráfico de drogas.
El resto de miembros del clan han sido condenados a un año, seis meses y un día de prisión y con multas que van desde los 2.371 euros a dos hijos de Consuelo a los 20 euros impuestos a su hermana, quien «auxiliaba» a la matriarca y «custodiaba» la droga, según la Fiscalía.
El proveedor, que operaba en Osuna, ha sido condenado, en virtud al acuerdo y con la aplicación de la atenuante de drogadicción, a tres años de prisión y una multa de 107.875 euros. Su pareja, cómo cómplice de un delito de tráfico de drogas, a un año y nueve meses de cárcel. A ella sólo se le atribuyen funciones de concertar las citas con los compradores.
Las defensas han solicitado la suspensión de la ejecución de las penas impuestas, a lo que la Fiscalía no se ha opuesto en el caso de siete de los diez acusados por un plazo de dos años.
Con respecto a F.D.C.A., el proveedor de la droga, sí se ha opuesto por haber recaído sobre él una pena superior a los dos años. La defensa solicitará la suspensión por adicción a las drogas.
Sobre la matriarca y su pareja, la fiscal ha señalado que inicialmentese opone a la suspensión por los antecedentes de ambos, aunque en base al artículo 84 del Código Penal acepta la suspensión durante tres años y el pago de una multa de 24 meses a seis euros diarios. Esto es, 4.320 euros cada uno.
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FUENTE :ABC SEVILLA
